Afectats per la Hipoteca-PAH de l'ALT PENEDÈS

Sobre Nosotros

Ens trobem tots els dimecres a les 18:00 a 19:00 a l'Escorxador de Vilafranca. Carrer Escorxador 19. si tens problemes amb la vivenda vine a veure'ns.

Historia

Ante la creciente oleada de desahucios. Ante la dramática situación en la que se encuentran centenares de miles de familias. Ante unas administraciones públicas sin voluntad política para dar respuesta a una situación de auténtica emergencia habitacional. Ante un Estado fallido incapaz de garantizar los derechos más elementales y de atajar la sangría de desalojos que se producen cada día (más de 240 en todo el Estado). Ante unos poderes públicos que anteponen los beneficios de la banca a la solvencia y supervivencia de las personas. Ante la actuación antidemocrática y caciquil de PSOE y PP que bloquean en la mesa del Congreso la ILP sobre dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social promovida entre otras organizaciones por la PAH. Ante a los nuevos dispositivos que pretenden desactivar las concentraciones ciudadanas contra los desahucios,

la PAH quiere gritar alto y fuerte que: Ni las multas, ni las sanciones administrativas, ni el intento de criminizalización del movimiento, ni las fechas abiertas emitidas por algunos jueces con el objetivo de impedir las concentraciones, ni las actuaciones policiales que a traición se presentan horas antes de la establecida por el juez para hacer efectivo el desahucio, lograrán detener el movimiento ni acallar nuestras voces.

Ante nuevos escenarios, nuevas y mejores estrategias. La PAH lanza su nueva campaña. Una campaña que estamos convencidos marcará un punto de inflexión. Una campaña que persigue la reapropiación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. De manera que en aquellos casos en que las concentraciones ciudadanas no consigan paralizar los desalojos la PAH apoyará y dará cobertura a las familias para que no se queden en la calle. El objetivo es triple : Primero, recuperar la función social de una vivienda vacía para garantizar que la familia no quede en la calle. Segundo, agudizar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago. Y tercero, forzar a las administraciones públicas a que adopten de una vez por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda.